El problema de la ocupación ilegal de viviendas en España y el impacto del COVID-19. La defensa del derecho de propiedad del titular legítimo: utilidad de la inscripción registral.

La ocupación ilegal de viviendas en España ha sufrido un aumento considerable en los últimos años. La crisis económico-financiera de 2008 provocó el incremento de los casos de personas con riesgo de exclusión residencial. Por este y otros motivos, surgió el “Movimiento 15 M”, en el cual, entre otros aspectos, se reclamaba un más fácil acceso a la vivienda. Paralelamente, existe mucha preocupación sobre los propietarios de los bienes inmuebles sitos en nuestro país. Por ello, se introdujeron reformas legislativas a nivel nacional y autonómico para frenar este crecimiento, pero que no han terminado de ofrecer una respuesta satisfactoria. Además, la regulación adoptada con ocasión de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 ha obligado a introducir medidas, cuya constitucionalidad ha sido discutida, en tanto que afectan al Derecho de Propiedad Privada. Así, constituye una prioridad que España afronte una reforma legislativa, no tanto desde el plano sustantivo sino desde la perspectiva jurídico procesal y administrativa.

Squatting in Spain has increased considerably in recent years. The economic-financial crisis of 2008 led to an increase in the number of cases of people at risk of housing exclusion. For this and other reasons, the "15 M Movement" arose, which, among other things, demanded easier access to housing. At the same time, there is a lot of concern about the owners of real estate in our country. As a result, legislative reforms were introduced at national and regional level to curb this growth, but they have not provided a satisfactory response. Moreover, the regulation adopted in the wake of the health crisis resulting from Covid-19 has made it necessary to introduce measures whose constitutionality has been disputed, insofar as they affect private property law. It is therefore a priority for Spain to undertake a legislative reform, not so much from a substantive as from a procedural and administrative legal perspective.