Las ofertas públicas de adquisición en las sociedades públicas

A raíz de la crisis del covid-19 y de la situación de crispación política, especialmente en relación con el sector energético, los Estados han tratado de proteger la nacionalidad de sus empresas mediante la imposición de limitaciones a determinadas operaciones societarias como las ofertas públicas de adquisición (OPAs). En España, tales limitaciones se concretan en la aprobación y prorrogación, de momento, hasta 2024, del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, para mitigar los efectos económicos y sociales que causará en nuestro país el Coronavirus. El contexto actual supone por tanto una valiosa oportunidad para realizar un análisis de los mecanismos de control que ejercen los ejecutivos sobre las empresas que operan en su territorio nacional. Según la estructura del accionariado y los intereses en dichas empresas, los gobiernos podrán implantar uno o varios mecanismos que les permitan influir en la toma de decisiones y evitar la influencia de terceros en sectores estratégicos. Así las cosas, este fenómeno invita a la reflexión sobre el concepto jurídico de sociedad pública, la cual tradicionalmente se ha equiparado a una ostentación mayoritaria del capital, y que ahora se halla repleta de matizaciones. Y no solo eso, sino que en la contraposición público-privado, son también los principios informadores de lo mercantil los que se ven perjudicados por los nuevos mecanismos societarios en favor del Estado, cuya vulneración pretende hacerse manifiesta en estas páginas.

As a result of the covid-19 crisis and the situation of political tension, especially in relation to the energy sector, states have tried to protect the nationality of their companies by imposing limitations on certain corporate operations such as takeover bids (PTBs). In Spain, such limitations are specified in the approval and extension, for the time being, until 2024, of Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, to mitigate the economic and social effects that the Coronavirus will cause in our country. The current context is therefore a valuable opportunity to carry out an analysis of the control mechanisms exercised by executives over companies operating in their national territory. Depending on the shareholding structure and interests in these companies, governments may implement one or more mechanisms that allow them to influence decision-making and prevent third party influence in strategic sectors. This phenomenon thus discusses the legal concept of a State-owned company, which has traditionally been equated with a majority shareholding, and which has to be nuanced. Not only that, but in the public-private contrast, also the principles of commercial law are undermined by the new corporate mechanisms in favour of the State, the violation of which these pages seek to demonstrate.