El caso del Parque Nacional de Doñana como paradigma del incumplimiento del mandato constitucional de disponer de un derecho medioambiental adecuado.

El Parque Nacional de Doñana, declarado como tal en 1969 y posteriormente reclasificado y ampliado, ha sufrido en los últimos años una progresiva pérdida de sus humedales, incluida su última laguna permanente. Ello se debe no sólo a la falta de lluvias, sino también a la sobreexplotación de sus acuíferos para satisfacer la demanda de agua de las grandes explotaciones agrícolas circundantes. El objetivo de este trabajo es poner de relieve el conflicto de competencias existente entre la administración estatal y la administración autonómica de la Junta de Andalucía, que ha devenido en un incumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 45 de la Constitución. Si su apartado primero reconoce el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado y el deber de conservarlo, su apartado segundo impone a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales, exigencia que, vista la gravedad de la situación que afronta este Parque Nacional, debe tenerse por incumplida. El conflicto competencial de las administraciones implicadas en la protección de Doñana está frenando toda posible solución, pese a que tanto asociaciones ecologistas como instituciones comunitarias y nacionales han advertido ya de la urgencia y gravedad de la situación, que puede acabar siendo irreversible.

The Doñana National Park, declared as such in 1969 and subsequently reclassified and enlarged, has suffered in recent years a progressive loss of its wetlands, including its last permanent lagoon. This is due not only to the lack of rainfall, but also to the overexploitation of its aquifers to meet the water demand of the surrounding crops. The aim of this paper is to highlight the conflict of competences existing between the state administration and the autonomous administration of the Junta de Andalucía, which has resulted in a breach of the constitutional mandate contained in article 45 of the Constitution. While the first section of the article recognises the right to enjoy an adequate environment and the duty to conserve it, the second section requires the public authorities to ensure the rational use of natural resources, a requirement which, in view of the seriousness of the situation facing this National Park, must be considered as breached. The conflict of competences between the administrations involved in the protection of Doñana is holding back any possible solution, despite the fact that both environmental associations and EU and national institutions have already warned of the urgency and seriousness of the situation, which may end up being irreversible.