La redefinición del papel de la Jurisdicción contencioso-administrativa en tiempos de pandemia: aspectos problemáticos

La pandemia ha afectado a todos los órdenes de la vida y la justicia no ha sido una excepción e incluye no sólo aspectos organizativos e instrumentales, sino también sustantivos.
Si el Derecho de excepción que comportaba la declaración del estado de alarma llevaba a una centralización del poder, la prolongación de la situación (y las consiguientes críticas producidas por el hartazgo ciudadano) llevó a una dejación en dos direcciones: por un lado, y con base en las competencias sanitarias residenciadas en sede autonómica, hacia los niveles territoriales inferiores que, por lo demás, tampoco manifestaron excesiva prisa por volver a una situación de normalidad institucional. La llamada cogobernanza pretendía así una dilución de la responsabilidad salvados los poderes de coordinación que, sin embargo, no siempre se han desplegado con la debida coherencia.
También se advierte esa dejación en el intento de instrumentalización del poder judicial, al que se le ha pretendido hacer copartícipe de decisiones discrecionales que competen al ejecutivo y que, para algunos, ha supuesto una quiebra de la separación de poderes, incompatible con el texto constitucional. La trascendencia que durante este tiempo ha tenido el rol de la jurisdicción contencioso-administrativa como Jurisdicción de garantía, halla su fundamento en la intensa afectación que las medidas han tenido en la libertad y derechos fundamentales. Sin embargo, cuando se excede el ámbito de la actuación concreta e individualizada, se traspasa peligrosamente la frontera hacia actos plúrimos (cuando no disposiciones generales) en las que se antoja problemática cualquier participación anterior de los órganos judiciales.

The pandemic has affected all areas of life, and justice has been no exception, including not only organisational and instrumental aspects, but also substantive ones.
If the exceptional law entailed by the declaration of the state of emergency led to a centralisation of power, the prolongation of the situation (and the consequent criticisms produced by the public's weariness) led to a two-way neglect: on the one hand, and based on the health competences residing in the autonomous regions, towards the lower territorial levels which, moreover, did not show excessive haste to return to a situation of institutional normality. So-called co-governance was thus intended to dilute responsibility, with the exception of the powers of coordination, which, however, have not always been deployed with due coherence.
This neglect can also be seen in the attempt to instrumentalise the judiciary, which has been made to share in discretionary decisions that are the responsibility of the executive and which, for some, has led to a breach of the separation of powers, incompatible with the constitutional text. The importance that the role of the contentious-administrative jurisdiction as a guarantee jurisdiction has had during this time is based on the intense impact that the measures have had on freedom and fundamental rights. However, when the scope of concrete and individualised action is exceeded, the borderline is dangerously crossed towards multiple acts (if not general provisions) in which any previous involvement of judicial bodies becomes problematic.