La transparencia en los órganos constitucionales : análisis y eficacia de los diez años de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

La transparencia representa un valor constitucional que sirve de fundamentación a la estructura del Estado social y democrático de Derecho a causa de su íntima relación con la integridad pública, la participación ciudadana en los asuntos de interés general y la eficiencia de las instituciones públicas. Su incorporación en el marco legal español, a través de una ley de transparencia, tuvo lugar con una considerable demora, en contraste con los restantes países del ámbito europeo, durante el curso de una coyuntura social, política y económica compleja marcada por un periodo de fuerte recesión económica y diversos asuntos de corrupción política. Concretamente, estos últimos ocasionaron una pronunciada desconfianza e incertidumbre nacional. Como resultado, entró en vigor una normativa semejante a la de las naciones próximas al entorno español, escasamente innovadora ý sometida a un ambiente de notable criticismo doctrinal.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estructura la transparencia por medio de la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Durante el proceso de iniciativa legislativa, se decidió su tramitación a través del procedimiento ordinario, descartando la calificación del acceso a la información pública como derecho fundamental. Adicionalmente, en sede parlamentaria se resolvió la inclusión de algunos órganos constitucionales en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley. En este sentido, la Casa Real ha efectuado un cumplimiento excelente de las exigencias de transparencia, habiéndose calificado su compromiso con la transparencia con la máxima puntuación posible. Por otro lado, el Congreso de los Diputados, si bien mantiene una adecuada evaluación, debe profundizar en sus obligaciones de transparencia, tanto desde la perspectiva de contenido de la información como en su calidad.

Transparency represents a constitutional value that acts as a basis for the structure of the social and democratic rule of law because of its intimate relationship with public integrity, citizen participation in matters of general interest and the effectiveness and efficiency of public institutions. Its incorporation into the Spanish legal framework, through a transparency law, took place with considerable delay, in contrast to other European countries, during the course of a complex social, political, and economic situation characterized by a period of severe economic recession and various issues of political corruption, which caused a pronounced distrust and national uncertainty. As a result, it
came into effect a regulation that is similar to the ones of the nations close to the Spanish environment, scarcely innovative and subject to an atmosphere of notable doctrinal criticism.
Law 19/2013, of December 9, 2013, on transparency, access to public information and good governance, structures transparency through active publicity and the right of access to public information. During the legislative initiative process, it was decided to process the Law through the ordinary procedure, discarding the qualification of access to public information as a fundamental right. Additionally, in parliamentary proceedings, it was decided to include some of the constitutional institutions in the subjective scope of application of the Law. In this sense, the Royal House has carried out an excellent compliance with the transparency requirements, having qualified its commitment to
transparency with the highest possible score. On the other hand, the House of Commons, although it maintains an adequate evaluation, must deepen its transparency obligations,
both from the perspective of information content and its quality.