Judicialización del delito de genocidio

El siglo XX se ha caracterizado por la violencia y las violaciones de derechos humanos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la iniciativa del jurista Raphael Lemkin, la comunidad internacional se unió para tratar de dar nombre a las masacres que se habían cometido durante la guerra y a través de su tipificación evitar que volvieran a tener lugar. El resultado fue la aprobación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio en 1948.

No obstante, esta cayó en el olvido hasta la década de los noventa, cuando los hechos acaecidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda –unidos al proyecto de un código y un tribunal penales internacionales que se habían iniciado con la aprobación de la Convención, pero que habían quedado obstaculizados por la Guerra Fría– dieron un nuevo impulso a los esfuerzos de la comunidad internacional; que fructificaron en la creación de los primeros tribunales con competencia para juzgar el genocidio: los tribunales penales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda.

El desarrollo de la justicia penal internacional y la práctica de estos tribunales, contribuyeron en gran medida a la redacción del Estatuto de Roma –que creó la Corte Penal Internacional– y al desarrollo de la vía de la jurisdicción nacional basada en el principio de jurisdicción universal. Estos dos medios constituyen las principales vías para la judicialización del delito de genocidio en la actualidad; y, a pesar de que el desarrollo del sistema de persecución de los crímenes internacionales ha evolucionado de forma muy considerable, todavía queda un largo camino por recorrer en la lucha contra la impunidad de sus responsables.

The 20th century has been characterized by violence and human rights violations. After the end of World War II and with the initiative of the jurist Raphael Lemkin, the international community came together to try to name the massacres that had been committed during the war in order to prevent their recurrence through their criminalization. The result was the adoption of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide in 1948.

However, this fell into oblivion until the 1990s, when the events in the former Yugoslavia and Rwanda –coupled with the project for an international criminal code and tribunal that had begun with the adoption of the Convention, but had been hampered by the Cold War– gave new impetus to the efforts of the international community, which resulted in the creation of the first tribunals with jurisdiction to try genocide: the ad hoc international criminal tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda.

The development of international criminal justice and the practice of these tribunals contributed greatly to the drafting of the Rome Statute –which created the International Criminal Court– and to the development of national jurisdiction based on the principle of universal jurisdiction. These two means constitute the main avenues for the prosecution of the crime of genocide today, and although the development of the system for the prosecution of international crimes has evolved considerably, there is still a long way to go in the fight against impunity for those responsible.